Fecha: 29/11/1999. Publicado en: Boletín Oficial de la Diócesis de Córdoba, X-XII de 2002. Pág. 233
El inminente debate en el Parlamento Andaluz de una Ley de Cajas que puede afectar decisivamente a CajaSur ha dado lugar a toda una serie de manifestaciones en que se ve implicada de diversos modos la Iglesia o sus instituciones. Igualmente, el modo como se ha desarrollado la discusión en la opinión pública, en una cuestión en la que están en juego derechos de la Iglesia, pero también numerosos intereses políticos y económicos, puede ahondar divisiones entre los cordobeses y entre los andaluces que la Iglesia no desea. Por eso, para evitar malentendidos acerca de la naturaleza de la Iglesia y de su misión, ha parecido conveniente al Obispo de Córdoba hacer pública esta nota, que exprese el sentir de la Iglesia acerca de su relación con la Caja y acerca de la nueva Ley.
1. La misión de la Iglesia es estrictamente religiosa. Así lo afirma de nuevo, recogiendo toda la tradición cristiana, el Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 42: “Ciertamente, la misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social, pues el fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misión religiosa de la Iglesia fluyen tareas, luz y fuerzas que pueden servir para constituir y fortalecer la comunidad de los hombres según la ley divina. Más aún, donde fuere necesario, según las circunstancias de tiempo y lugar, ella misma puede, e incluso debe, suscitar obras destinadas al servicio de todos, y especialmente de los necesitados, como las obras de misericordia u otras semejantes”.
Fue este deber cristiano el que dio origen en la Iglesia de Córdoba, ya en el siglo pasado, primero al Monte de Piedad y después a la Caja para sostenerlo y apoyarlo. A pesar de la enorme evolución sufrida por las Cajas en el último tercio de siglo, sobre todo como consecuencia de una injerencia creciente de la Administración del Estado en estas entidades, CajaSur ha tratado de mantener en lo posible su finalidad originaria, para la cual recibió del Cabildo de Córdoba unos fondos dotacionales que son bienes eclesiásticos, y que tienen, por su destino, una finalidad perfectamente concorde con los fines y la misión de la Iglesia. Aunque las Cajas se han asimilado con el tiempo en buena medida a otras instituciones de crédito, CajaSur tiene por su fundación unos fines, unos derechos y unas obligaciones a los que no puede renunciar, sino que debe esforzarse por mantener, e incluso cumplir de una manera cada vez más adecuada al espíritu de la fundación originaria.
2. En el mismo pasaje del Concilio ya citado, se recuerda también que “la Iglesia, en virtud de su misión y su naturaleza, no está ligada a ninguna forma particular de cultura humana o sistema político, económico o social”. Por ello, la Iglesia “considera con gran respeto todo lo verdadero, bueno y justo que se encuentra en las variadísimas instituciones que el género humano ha fundado para sí y continúa fundando sin cesar (...) La Iglesia quiere ayudar y promover todas estas instituciones, en la medida en que esto dependa de ella y pueda conciliarse con su misión. Nada desea más ardientemente que poder desarrollarse con libertad al servicio del bien de todos, bajo cualquier régimen que reconozca los derechos fundamentales de la persona y de la familia y los imperativos del bien común” (Gaudium et Spes, 42). La Iglesia es ajena, por tanto, y debe mantenerse ajena, a intereses propiamente políticos y partidistas, que dificultan notablemente el libre desempeño de su misión. Sólo debe empeñarse, y eso cada vez más, en la defensa de la dignidad trascendente de la persona humana y de sus derechos fundamentales, así como de los principios morales que han de sostener la vida de las personas y la convivencia social.
3. La Iglesia tiene algunos derechos en la Caja y en su gobierno de los que no puede hacer dejación. Esos derechos han sido reconocidos hasta ahora por la legislación vigente, y si la nueva Ley de Cajas de Andalucía no hiciera posible su ejercicio, ciertamente la Iglesia los defenderá mediante el diálogo con las autoridades competentes, y por los medios legales que le permite el ordenamiento jurídico español. Por su parte, la Iglesia desea también para el futuro adecuar mejor los modos de su presencia en la Caja a la evolución de los tiempos, y a las exigencias pastorales de su naturaleza y de su misión, tal como los definen el magisterio y la disciplina de la Iglesia.
4. Independientemente de los derechos de la Iglesia en la Caja, la Ley parece no respetar suficientemente la subjetividad y la libertad de la sociedad. Es un caso más de injerencia del Estado en la sociedad civil, que se enmascara detrás de términos como “democratización”, aunque en realidad lo que sucede es una “politización” estatalista que favorece una cultura totalitaria. La nueva Ley constituye, de hecho, un paso adelante en la reducción del espacio de libertad de la sociedad. Esta tendencia es patente también en otros ámbitos. Así, por ejemplo, las trabas al ejercicio efectivo de la libertad en el derecho fundamental de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, o las que se ponen a ese mismo ejercicio de la libertad en el ámbito de la asistencia social. Igualmente es notoria la pretensión de un control cada día mayor sobre el conjunto de la vida social, y especialmente sobre los medios de comunicación, desde los cuales se imponen a la sociedad los criterios morales del poder. Todo esto es signo alarmante de una mentalidad, cada vez más extendida, en la que las administraciones públicas pretenden sustituir a la libertad de las personas y de la sociedad.
Difícilmente sobre estas bases se puede construir un futuro de progreso verdadero para las personas, que les haga responsables y protagonistas de su propia historia. La Iglesia, que “aprecia el sistema de la democracia”, pero que sabe también que “una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana”, y que “una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto” (Juan Pablo II, Encíclica Centesimus annus, 46), quiere, desde su misión propia, contribuir decididamente a que el futuro que hemos de construir entre todos, en Córdoba y en todas partes, sea precisamente eso: una sociedad de hombres y mujeres libres, capaces de convivir sin resentimiento en el respeto mutuo, y de trabajar juntos por el bien común.